logo lacalledecordoba.com
  Miércoles 3 de septiembre de 2014 ESPECIAL DEMANDA CONTRA BBK BANK CAJASUR
logo lacalledecordoba.com

Herramientas
TXT- | TXT+ | Recomendar | Imprimir
 BUSCADOR 
AVANZADA

 Actualidad
Economía
Editoriales
El Personaje
Infraestructuras
Inmigración
Política
Reportajes
 Culturas
Capitalidad Cultural
Libros
Política
 Opinión
Editoriales
El Observador
La Letra Pequeña
La Voz de los Tontitos
Nacional
Otro Que Tal
ECONOMÍA ACTUALIDAD | Ed. 470 |14

El escaso control en las prestaciones por desempleo eleva los fraudes al INEM

V. Muñoz
v.munoz@lacalledecordoba.com

“Los medios son muy pequeños para el volumen de trabajo que hay”. Así se sienten trabajadores del INEM en Córdoba que reconocen la debil capacidad de supervisión del órgano. “Hay quien cobra a la vez el PRODI y el Ingreso Mínimo de Solidaridad”
El aumento espectacular en los últimos años de la crifra de desempleados además de estar generando millones de dramas familiares y personales ofrece también otra instantánea: la del fraude.

La avalancha de solicitantes que llegan a diario a las oficinas del Servicio Público de Empelo Estatal (SPEE), lo que era el antiguo INEM, está provocando de otro lado un incremento incesante de la picaresca, a la que la Administración parece no poder ponerle coto.

El escenario es el siguiente: “Estamos desbordados, el estado pretende que abonemos al ciudadano al mes siguiente, y al mismo tiempo lo que quiere es que hagamos control del fraude y eso es incompatible con la plantilla actual que tenemos y el volumen de expedientes que manejamos porque no tenemos capacidad humana ni medios técnicos”.

Son palabras de uno de los muchos funcionarios del INEM en Córdoba que se quejan a diario de las dificultades existentes para evitar la “creciente” picaresca en la percepción de prestaciones por desempleo, sobre todo aquellas de carácter asistencial que es dónde a juicio de los funcionarios consultados, se están detectando más irregularidades en el último año.

De hecho, las cifras hablan por si solas, ya que las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal registraron el pasado mes de abril 20.917 solicitudes, lo que supone un total de 37 expedientes diarios a resolver en cada una de las 28 oficinas existentes entre Córdoba y provincia, incluida la dirección provincial.

Y es que frente al nivel de paro existente que está dejando las arcas públicas bajo mínimos, con un gasto que asciendió en Córdoba el pasado mes nada menos que a 52.539 euros frente a los 2.757.395 computados por este concepto en toda la nación, la Administración tiene pocos resortes para evitar que, por ejemplo, haya personas que estén pecibiendo los 420 euros que el Estado implantó de forma temporal para aquellos que hubieran agotado todas las ayudas –llamado PRODI– y a la vez se beneficien, del antiguo Salario Social, bautizado ahora con el nombre de Ingreso Mínimo de Inserción, que son las modalidades de fraude que más se multiplican en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo INEM) en Córdoba, según las fuentes.

 

Un sistema poco operativo

La razón de tal “descontrol” hay verla de un lado, en la avalancha de solicitudes que diariamente se registran en las oficinas del SPEE en Córdoba, que ha llevado a que se haya triplicado en el último año la carga de trabajo de los funcionarios, como así lo confirman los representantes sindicales del CIF-CSIF. Pero también a una cuestión más importante si cabe, y es que la falta de medios técnicos para cruzar datos con otras administraciones está entorpeciendo “enormemente” la labor de supervisión que debiera ejercer este órgano que, como pasa con Hacienda, primero paga y después se comprueba, “ya que usted confirma el borrador que ya revisaremos nosotros, porque ese es el criterio de la Administración”, comenta una de las funcionarias consultadas.

Así, el Servicio Público de Empleo Estatal cruza datos aunque sólo con la Seguridad Social, pero no con las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. “El INEM no tiene capacidad técnica para estar enchufado a todos los sistemas informáticos que conceden ayudas, y como no hay un cruce informático una persona puede estar cobrando perfectísimamente dos o tres ayudas sociales cuando en realidad deberia estar percibiendo una”.

Precisamente hay ayudas asistenciales que ofrecen ayuntamientos para familias con problemas económicos que son totalmente incompatibles con ayudas por desempleo.

En este sentido percepciones asistenciales para pagar recibos de luz “están prohibidas con cualquier tipo de prestacion, sea cuál sea su cuantía”, comenta una funcionaria. Y en ese escenario hay perceptores que llegan a cobrar la Renta Básica de Emancipación (ayudas al alquiler) que conceden Comunidades Autónomas con el PRODI u otro tipo de subsidios del INEM. “Los controles no es que no los queramos realizar, es que no tenemos capacidad humana para hacerlo, abrimos a las nueve y cerramos a las dos, y antes y después si estoy atendiendo al público no puedo tramitar expedientes y al mismo tiempo reconocer el expediente para que tu cobres, con lo que yo antes de esta hora tengo que estar trabajando reconociendo expedientes y si los reconozco para que se cobren el mes que viene, no puedo hacer otra cosa”, analiza un funcionario que asegura que a veces los controles se basan “en la percepción que tu tengas cuando estás tramitando la prestación con el desempleado”.

En concreto la Protección Temporal de Protección por Desempleo e Inserción es totalmente incompatible con Salarios Sociales, rentas mínimas o ayudas análogas de asistencia social concedidas por distintas Administraciones Públicas.

O el programa de Renta Activa de Inserción incurre en seria sanción con las pensiones o prestaciones de carácter económico de la Seguridad Social que sean incompatibles con el trabajo o, que sin serlo, superen el 75% del Salario Mínimo Interproporcional. “El porcentaje de picaresca ha crecido de forma importante al subir el volumen de expedientes”, confiesa otro funcionario de este órgano que razona a su vez “que una familia de cinco miembros no puede vivir con 426 euros sin atracar por la calle, tiene que haber fraude y economía sumergida”, sentencia.

Cabe destacar que, según los números facilitados desde el Servicio Público de Empleo Estatal, los beneficiarios de prestaciónes en Córdoba se han incrementado en un 12 por ciento en el último daño, a datos de abril de 2010, donde según el SPEE, hay en Córdoba ya 80.506 personas que tienen prestaciones. De las cuales 21.533 son contributivas, 32.734 corresponden a subsidios por desempleo, 3.647 rentas activas de inserción y 22.592 subsidios eventuales agrarios.

Unas cifras que aumentarán en los próximos meses, a juicio de los funcionarios, quienes están deacuerdo en afirmar que “es un hecho incuestionable que nosotros estamos absorbiendo un incremento exponencial de carga de trabajo con una plantilla ridícula para este asunto”.

Eso sin hablar de las condiciones de trabajo en las que estos funcionarios realizan su cometido que, como afirman desde la sección sindical del este sindicato en Córdoba “son tercermundistas”, según confiesa Rafael Herrera, debido al “hacinamiento” existente en muchas oficinas donde tanto el SEEP comparte espacio con el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

A lo que hay que añadir el acoso y la violencia a los que tienen que hacer frente en los últimos años algunos funcionarios que tienen que aguantar amenazas de los usuarios.

 

Sin noticias de sanciones

Sin embargo, frente a esta realidad el mutismo se ha instalado en la dirección provincial. Precisamente ha sido misión imposible para este semanario conocer el número de procedimientos sancionadores que se han realizado en Córdoba en el último año . La razón de tal circunstancia la ofrece el vocal nacional del CIF-CSIF del INEM, Manuel Galdeano, quien afirma que por término general no hay grupos diferenciados en las oficinas que se dediquen a la tramitación de expedientes y otros a el control y supervisión de los mismos. “Suelen ser los mismos los que atienden y los que tienen que realizar el control. Una persona entra en una oficina y da igual dónde caíga, ya que esa persona es la que tiene que atener y la que tiene que controlar el expediente”, explica.

En Córdoba y provincia hay un total de 263 profesionales entre funcionarios y laborales que prestan sus servicios en las oficinas de este órgano y que como ya ocurre en toda la red del SPEE, están teniendo una carga de trabajo “exagerada” que generará a la larga una situación difícil en el futuro, como explica Manuel Galdeano: “desconozco el pesamiento de nuestros gestores pero los trabajadores no tenemos capacidad ninguna para realizar estos controles por falta de tiempo”.

Como vía alternativa para establecer controles al fraude, a nivel asistencial la Administración sí que requiere cada seis meses a los beneficiarios documentacion para que justifiquen si ha variado sus circunstancias económicas, “es una especie de control que realizamos para actualizar con objetivo de comprobar si ha variado la realidad de los solicitantes o de alguien de su familia”.

En cualquier caso, para aquellos que estén incurriendo en fraude de ley la Administración puede entrar a revisar el expediente en un plazo máximo de seis años “exigiendo la devolución íntegra de todo lo cobrado”.

El Salario Social se dispara un 65%
Una de las prestaciones que más fraude está generando en las oficinas del antiguo INEM es la combinación de la prestación del Salario Social con otras de tipo asistencial o incluso la ayuda de 420 euros instaurada por el Ejecutivo, de forma temporal, para aquellos que hayan agotado las prestaciones por el subsidio por desempleo, ya que ésta es de tramitación autonómica frente a otras que son en su mayoría estatales. Así los datos de este tipo de prestación, conocida por Salario Social, pero rebautizada con el nombre de Ingreso Mínimo de Solidaridad han crecido en el primer trimestre de 2010 un 65 por ciento, recibiendo la Junta de Andalucía 5.800 peticiones de enero a marzo de 2010. Esa prestación económica mensual equivale al 62 por ciento del salario mínimo interprofesional vigente –368 euros y 49,92 euros por cada miembro extra de la unidad familiar que se otorga durante un máximo de seis meses.

El salario social está dirigido a familiares que estén constituidas de forma estable y empadronadas en un mismo domicilio ubicado en Andalucía.

En 2009 según los datos facilitados por la consejería de Igualdad y Bienestar Social más de 27.000 familias recibieron esta ayuda, unas 10.000 más que las beneficiadas en 2008, hecho que llevó a la Junta a ampliar el crédito consignado. La Junta consignó en este 2010, 64 millones de euros para esta prestación.



Salidas Laborales

Decálogo
Cartas al director
Comentarios
Staff
Tarifas Publicidad

Museos
Monumentos
De Interés
Pts. de Información

Hemeroteca Digital
Artículos RSS
Salidas Laborales

473 | 472 | 471
470 | 469 | 468
 


-----------------------------------------------------------
2000-2014 © Copyright   El Semanario la Calle de CÓRDOBA
correo@lacalledecordoba.com | publicidad@lacalledecordoba.com