¿Sabe cuánto cuesta hacerse un análisis de sangre? ¿Y una operación de apendicitis? ¿Se ha preguntado alguna vez lo que cuesta sacar las ambulancias de los hospitales? ¿Y acudir a una consulta de urgencia? No es precisamente barato.

Según se desprende de los datos aportados por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, la sanidad pública cordobesa cuesta en torno a mil millones de euros al año. 996,9 para ser exactos, si nos atenemos a las estimaciones de gasto por habitante facilitadas por el Servicio Andaluz de Salud (SAS). En total, la sanidad andaluza le sale al bolsillo de los ciudadanos por casi 9.000 millones de euros, o lo que es lo mismo, uno de cada cuatro euros de los presupuestos de la Junta de Andalucía.

Según las estimaciones, cada mes se gastan en la sanidad pública cordobesa más de 83 millones de euros, o lo que es lo mismo, 2,7 millones de euros al día. Se use o no, la media de gasto de cada ciudadano es de 3,3 euros diarios, o lo que es lo mismo, 103 al mes y 1.240 al año.

La mayor parte de esas cantidades se va en el pago de los profesionales que atienden la sanidad y en los materiales necesarios para el funcionamiento de los 39 centros de salud, 102 consultorios médicos locales, 9 hospitales y 2.135 camas existentes en la provincia. Y lo peor de todo es que no hay, según los sindicatos, suficientes médicos, enfermeras y personal sanitario en general para atender las demandas de la población.

Los mil millones de euros que se gastan en la sanidad pública cada año son una cantidad que, dependiendo de cómo se mire, puede parecer muy elevada. Por ejemplo, con esa cifra, se podrían construir 35 edificios como el que se está levantando en Miraflores para albergar el Centro de Creación Contemporánea, más conocido como C4, Se podrían edificar 15 palacios de Congresos como el que se está impulsando para la capital, 14 estadios como el Arcángel totalmente nuevos, 12 rondas de poniente, seis aeropuertos o hacer la necesaria ronda norte cinco veces.

De ahí los esfuerzos de la consejera de Salud de la Junta, María Jesús Montero, por hacer calar en la sociedad lo elevado del gasto sanitario a través de una “factura sombra”, o lo que es lo mismo, una factura informativa en la que se facilitará a los ciudadanos detalles sobre el coste aproximado de la atención sanitaria que han recibido con el fin de que conozcan lo que habría costado su atención en caso de que hubieran tenido que abonarla.

 

Una gestión más eficaz

De cualquier forma, y llegados a este punto, cabría hacerse la pregunta de si mil millones es realmente mucho o debería incrementarse esa cantidad. Desde el momento en el que no hay suficientes profesionales para atender la demanda sanitaria, la respuesta obvia sería que es necesario incrementar ese presupuesto, aunque más que por hacer crecer la cifra, los sindicatos de la rama sanitaria apuestan por el ahorro, la contención del gasto y, sobre todo, la eficiencia.

Así lo entiende la coordinadora de salud laboral del Sindicato Médico de Córdoba, Pilar Bartolomé, quien señala que “más que incrementar hay que racionalizar”. Según dice, “hay despilfarros puntuales que podrían controlarse”, pero lo que, de ninguna manera está ajustado, según opina, es el personal, “a todas luces insuficiente”. En la misma línea profundiza el secretario provincial del sindicato de enfermería SATSE, Manuel Cascos, quien sostiene que “en el SAS abundan bolsas de ineficiencia por la ineficacia gestora, como los 1,2 millones que se llevaron los directivos por productividad o los 8 que se destinaron a cubrir la asistencia médica extraordinaria en horario de tarde o las ingentes cantidades que han destinado a la propaganda y el autobombo con campañas inútiles de publicidad en los medios”. A pesar de todo, Cascos insiste en que la inversión debería crecer un 1,5 por ciento, aunque defiende que es difícil “medir todo esto en términos económicos si se pierde de vista el término de rentabilidad social”. En este sentido, pone como ejemplo el sobrecoste que suponen las urgencias hospitalarias que realmente no lo son. “Eso se debe a que el grado de satisfacción de los ciudadanos con los servicios de atención primaria es deficiente”, recalca.

Cascos estima que se pueden optimizar los recursos de mil formas diferentes y de solucionar los problemas de la sanidad que, en su opinión, no son tanto de “falta de inversión, como de ineficacia gestora”.

También por las medidas de ahorro se inclinan en UGT, como explica la secretaria del Sector de Salud y Servicios del sindicato, Dolores Hidalgo, que dice que “ahorrar es una cuestión que nos atañe a todos, tanto a los sanitarios como a los ciudadanos”, dice. Por eso, explica que UGT ha propuesto en la sección sindical del Reina Sofía que las luces que no sean estrictamente necesarias se apaguen en las horas diurnas para reducir la factura eléctrica que se eleva hasta los 40 millones de euros anuales en la sanidad pública andaluza.

Hidalgo subraya también que “la medida que quiere poner en marcha la consejera de entregar una factura a los ciudadanos para que sepan cuanto cuestan los servicios médicos prestados es muy positiva porque servirá para concienciar a los pacientes de que la sanidad no es barata”.

Más dudas genera esta medida para el secretario provincial de Sanidad de Comisiones Obreras, José Manuel Poyato, quien viéndola positiva, teme que pudiera ser el comienzo de un sistema de copago. “Ya se está oyendo por Madrid y Cataluña y nos tememos que en lo de la factura podría haber una doble intención de caminar hacia un reparto en el pago entre la administración y los ciudadanos; y a eso nos oponemos frontalmente”.

Más escéptico todavía es Manuel Cascos al respecto, que dice que conocer el alcance de la factura “no sirve de nada”. “El coste que tiene es el que es y contra eso no puede hacer nada el ciudadano”. Según sostiene, cuando se hace una prueba o se hospitaliza a un paciente es porque un profesional así lo ha decidido. Ahí no hay ineficiencia”, insiste.