Durante años han tenido que escuchar que no hacen sino paralizar las obras y pocas veces su trabajo ha sido bien entendido. Quizás por eso, la preocupación institucional por el cuidado y conservación del patrimonio (regularización incluida), y el boom inmobiliario que propició una demanda de arqueólogos, antes no conocida, hiciera pensar a este colectivo que algo iba a cambiar.

Sin embargo, el nacimiento y desarrollo del mercado no ha ido acompañado de mejoras en la profesión, en lo que a cuestiones económicas, laborales o de formación se refiere.

Así al menos lo ven los arqueólogos consultados por El Semanario, que aseguran que la precariedad en la profesión no ha hecho sino crecer con el estallido de la crisis económica que, sobre todo, ha afectado al sector de la construcción, íntimamente ligado con su trabajo.

Pero, el problema ya existía antes, y va más allá de la propia consideración del arqueólogo, “que aún no ha encontrado el sitio que le corresponde”, resalta José Manuel Ruiz Torralbo, secretario de Arqueología del Colegio Oficial de Licenciados y Doctorados en Filosofía y Letras y Ciencias de Córdoba.

Para Ruiz Torralbo, una de las mayores dificultades que encuentran estos profesionales es, precisamente, el acceso en sí al oficio. Según explica, actualmente el Reglamento de Actividades Arqueológicas –que dentro de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía es el que regula este ámbito y que actualmente está en fase de modificación– no recoge unos criterios claros y objetivos para acceder a la dirección de un proyecto arqueológico, por lo que el proceso se torna “subjetivo y oscuro”.

 

Experiencia a cualquier precio

De la misma opinión es María, nombre ficticio de una arqueóloga que prefiere mantener el anonimato y que posee una empresa de servicios de este tipo en la ciudad. “Antes terminabas la carrera y, directamente, podrías dirigir una excavación”, afirma. Ahora, se piden experiencia – “que para conseguir, en muchas ocasiones, se realiza de forma gratuita o por muy poco dinero”– y formación teórica relacionada con este ámbito, además de contar con una licenciatura en Historia, Humanidades o Historia del Arte, pues Arqueología no cuenta con una titulación propia.

“Al no existir un reglamento objetivo, la decisión de quién puede o no dirigir una obra queda a la discrecionalidad de la administración pública que es la que decide si una persona tiene o no suficiente formación o experiencia para hacerlo”, y otorga los permisos añade José Manuel Bermúdez, de la sección sindical de Arqueología de la CNT.

De hecho, la falta de un marco legal común no sólo afecta a las diferentes provincias andaluzas, pues cada delegación de Cultura es la que se encarga de tomar estas decisiones, sino que como se extrae de la primera Encuesta Nacional sobre Empresas de Arqueología Comercial, “no existen modelos homogéneos a nivel nacional en lo que a gestión de patrimonio se refiere, algo que causa muchos problemas para trabajar en una comunidad u otra, y ralentiza mucho los procesos e incrementa los trámites burocráticos”, explica Eva Parga, investigadora del CSIC en el Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento y autora del estudio.

 

A por el título universitario

Pero, al margen de las cuestiones administrativas, el ámbito de la formación también copa gran parte de las preocupaciones de estos trabajadores. Si bien, en los últimos años, la formación de posgrado ha dotado de másteres oficiales a la arqueología, es cierto que todavía no existe una titulación específica que regule sus funciones y los reafirme definitivamente como profesión. En este sentido, Ruiz Torralbo tiene sus expectativas puestas en el nuevo mapa de titulaciones de grado que traerá Bolonia y aunque aún no tienen ninguna noticia al respecto asegura que “hay borradores y tenemos confianza”.

Con este panorama, se da la paradoja de que licenciados y –en no pocas ocasiones– doctorados se encuentren trabajando sin un convenio específico, “estamos adscritos al de la construcción” aclara Ruiz Torralbo, algo que está generando, en opinión de estos arqueólogos situaciones de trabajo muy precarias.

Y no sólo falta un convenio colectivo, sino que, como añade Parga, “a pesar de ser pocos profesionales, no existe asociacionismo en el sector, algo que les impide hacer fuerza ya que no son licenciados, ni tienen un colegio profesional o un convenio específico. No tienen a nadie que defienda sus derechos”, puntualiza.

Esta situación lleva, a juicio de Bermúdez, a situaciones que, en su opinión, rayan la ilegalidad, no sólo en intervenciones privadas, sino también en contrataciones realizadas por las administraciones públicas. De hecho, el sindicato al que se adscribe ya ha denunciado, en varias ocasiones, situaciones que “rayan la ilegalidad” en la contratación de estos profesionales, como en la Gerencia de Urbanismo donde, desde su perspectiva, “se está privatizando un servicio que debería ser público, enmascarándolo en el convenio de investigación que tienen suscrito en la universidad”.

También en la delegación de Cultura consideran que los técnicos están realizando funciones de funcionariado sin serlo, y así un largo etcétera ya que cree que “prácticamente todas los puestos de trabajo de arqueología están bajo sospecha, y algunos en claro fraude de ley”.

Para evitar estas situaciones, Bermúdez apela al modelo francés, en el que la administración pública “asume la totalidad de los servicios patrimoniales mediante la creación de institutos regionales, que actualmente están en proceso de privatización”. Algo muy diferente de lo que ocurre en España y, más concretamente, en Andalucía, donde no existen centros específicos dedicados al patrimonio y, en opinión de Bermúdez ,“el clientelismo” impera en las relaciones laborales, ya sean públicas o privadas.

 

Con la crisis hemos topado

A todos estos males, todavía hay que unir uno más, que viene marcado por la recesión económica. El parón inmobiliario ha afectado, y mucho, a los arqueólogos, que tenían en las constructoras, y en las catas arqueológicas preventivas (obligatorias en todas las obras) a sus principales clientes y fuentes de ingresos.

Por poner un ejemplo, María habla de que si hace tres años una empresa podía tener 14 empleados, ahora tiene cuatro y si se trabajaba en 15 obras, en un año, ahora son cinco. “Es un círculo vicioso. Al bajar el volumen de obra, también desciende el trabajo, y la competencia es muy fuerte, algo que hace que también los precios se bajen”, puntualiza. Y mucho, remarca Ruiz Torralbo, quien asegura que, en muchos casos, estos descensos “han sido impresionantes, incluso del 30 o 40 por ciento. Otro elemento más para añadir a la precariedad en la arqueología”.

 

Una situación que se repite

Pero ni los estragos de la crisis se han dejado sentir sólo a nivel local, ni tampoco los problemas que rodean a los arqueólogos cordobeses son de su exclusividad. Muestra de ello es la reunión que tendrán el fin de semana de todos los responsables de arqueología de los diferentes colegios oficiales de Licenciados y Doctorados en Filosofía y Letras y Ciencias, “para sentar las bases del futuro de la profesión e intentar coordinarnos unos con otros”, señala José Manuel Ruiz.

Asimismo, Eva Parga asegura que en el estudio que han realizado sobre las empresas de arqueología no se han notado diferencias notables, de una comunidad a otra, ya que prácticamente todas presentan un perfil similar.

Y en este perfil, recoge el estudio, los problemas económicos, el acceso a la financiación y la gestión de los recursos financieros son, para las empresas encuestadas, los principales obstáculos para su crecimiento y desarrollo.

Parece que el negocio del pasado reclama su sitio en el presente, con la vista puesta en el futuro.