A la sanidad privada ya no le salen las cuentas. Las clínicas y consultas particulares que prestan sus servicios a los funcionarios mutualistas de MUFACE, ISFAS y MUGEJU, a los clientes de las compañías de seguros médicos y a pacientes privados están notando severamente los efectos de la crisis económica. Tal es así que, en algunos casos, los resultados de cuentas de empresas y especialistas autónomos empiezan a ser deficitarios, lo que podría suponer el cierre de decenas de consultas, la pérdida de cientos de puestos de trabajo y una importante merma asistencial en uno de los sectores económicos que mayor auge ha experimentado en la capital durante los últimos años.

El nicho de mercado de la medicina privada ha ido ‘in crescendo’ en la última década. Se estima que uno de cada cuatro cordobeses, entre ellos alrededor de 46.000 funcionarios de la Administración central, son pacientes habituales de la sanidad privada. Sin embargo, los problemas económicos que se ciernen sobre el sector en Córdoba no radican tanto en un descenso del número de asistencias por una mayor competencia entre profesionales, sino que más bien obedecen a los pírricos honorarios que, a juicio de los profesionales autónomos, clínicas y laboratorios, les abonan las aseguradoras por asistir a los pacientes de las mutuas y a los clientes que tienen contratada directamente una póliza con una compañía.

 

Sometidos a las aseguradoras

La Asociación de Empresas de Servicios Médicos de Córdoba (Asempur) advierte de que con los nuevos baremos de 2010 -las tarifas que tasan la actividad asistencial de los profesionales y que, en algunas especialidades, descenderán este año entre un 10 y un 40 por ciento- que las aseguradoras están poniendo sobre la mesa a especialistas y empresas de servicios médicos, apenas se pueden cubrir los costes derivados de la actividad.

“Los honorarios no solo son obsoletos, sino que algunas veces no cubren ni siquiera los gastos del propio acto médico, de modo que el margen de beneficios es nulo”, reconoce el presidente de la organización de medicina privada, Ginés Delgado, quien asegura que “si esto sigue así, se podría poner en peligro el 30 por ciento de los puestos de trabajo que hay en el sector en Córdoba y que engloban a profesionales sanitarios, personal de mantenimiento de las clínicas, comerciales y técnicos de laboratorio”.

La presión que ejercen las compañías sobre los especialistas y centros privados que están integrados en sus cuadros médicos es determinante en las negociaciones de los emolumentos, ya que dejar de colaborar con Asisa o Adeslas supone perder la mayor parte de los clientes que reciben las consultas privadas procedentes de las aseguradoras ya sea en calidad de mutualistas o de asegurados.

“Las aseguradoras te amenazan y dicen abiertamente que, si no aceptas las tarifas que proponen, tienen a mucha gente esperando, entre ellos a médicos extranjeros, dispuesta a firmar los baremos”, apunta un especialista cordobés que colabora con Asisa y Adeslas y prefiere no desvelar su identidad por temor a quedar fuera del cuadro médico.



Honorarios por los suelos

Y es que la guerra de precios viene siendo una constante año tras año. Según denuncia el presidente de Asempur, “las compañías no han subido ni el IPC en el 98 por ciento de los baremos de los actos médicos durante los últimos quince años. Han abusado tanto de nosotros, porque nos hemos dejado pisotear”, remacha Delgado.

Los Ángeles de La Noche es una de las clínicas que vienen colaborando habitualmente con las aseguradoras a través de la prestación de diferentes servicios médicos. En opinión de su responsable, Carlos Pérez, “los precios que establecen las aseguradoras por una consulta médica son tercermundistas”, lo que está dando lugar a que “una clínica con estructura empresarial tenga cada vez más dificultades para subsistir”.

Un ejemplo revelador de todo este asunto es lo que difiere actualmente la tarifa que cobra un especialista por un acto médico privado de la que realiza al cliente de una aseguradora o a un mutualista. Mientras en el primer caso los médicos suelen cobrar por consulta entre 60 y 80 euros, un especialista que atiende a un mutualista o asegurado sólo recibe entre 16 y 18 euros por paciente de las compañías.

En opinión de algunos especialistas, esta diferencia de baremos está dando lugar a una pérdida de calidad asistencial, ya que los médicos tratan de ver al mayor número de pacientes en el menor tiempo posible para poder sacar rentabilidad a las consultas. Además, en el caso de algunos especialistas, suele existir una doble lista de espera: la que que conforman los clientes privados y la de pacientes mutualistas y asegurados, que suelen tener plazos más dilatados a la hora de concertar cita. Otros, en cambio, directamente están optando por cerrar la consulta dada su escasa rentabilidad.

 

Amenazan con cesar el servicio

Pese a la diferencia tan notable de emolumentos en actos médicos privados y de asegurados que existe desde hace años, algunas compañías continúan planteando a empresas y especialistas baremos a la baja para 2010. “Asisa ha reunido a los oftalmólogos y les ha dicho que tienen un fijo para el año que viene de 480.000 euros para gastar en oftalmología, que es una rebaja del 30 por ciento con respecto al presupuesto de 2009, y cuando se acabe ese dinero ya no habrá más asistencias”, apunta el presidente de Asempur, quien cree que “prácticas como estas lo que hacen es trasladar el riesgo al asegurado”.

Pero ahí no queda la cosa. Según Asempur, los presupuestos cerrados -o cápitas en el argot de las aseguradoras- a la baja como el que ha presentado Asisa en la especialidad de oftalmología también se han propuesto en las especialidades de Rehabilitación, Oncología Médica, Laboratorios, Análisis Clínicos y Radiología, unas disciplinas cuya actividad conlleva un importante gasto e inversión en tecnología.

Según ha podido constatar este semanario, Asempur ha denunciado los nuevos baremos de Asisa ante la Comisión Nacional de la Competencia y ante la Dirección General de Seguros y advierten de que, “cuando esté más entrado el año, si no nos salen las cuentas, plantearemos una reunión para decidir si seguimos trabajando con las compañías o hacemos un parón”, recuerda el presidente de la organización sectorial.

 

Las compañías se defienden

Las compañías aseguradoras consultadas por este semanario reconocen que han propuesto baremos a la baja a especialistas y clínicas debido a que la crisis les obliga a reducir su margen de gastos, aunque insisten en que esto no afectará a la calidad asistencial ni a la cartera de servicios de la que disfrutan asegurados y mutualistas.

“Lo que pretendemos con los nuevos baremos es evitar gastos superfluos que se venían manteniendo hasta ahora, sobre todo en lo que se refiere a pruebas diagnósticas, pero sin que eso signifique una merma en la calidad asistencial”, apunta Rafael Navas, responsable de la delegación Asisa en Córdoba.

Y es que las compañías de seguros médicos tienen dos áreas de negocio bien diferenciadas entre sí: la asistencia sanitaria a los funcionarios que cuentan con cobertura de alguna de las mutuas del Estado y la comercialización de pólizas de seguros a particulares. En el caso de la provincia de Córdoba, la mayoría de los clientes de la sanidad privada son funcionarios mutualistas, que en su mayor parte son a su vez pacientes de Asisa y Adeslas, las dos entidades que se han quedado en la práctica casi con la totalidad del negocio de las mutuas y que -he aquí el quid de la cuestión- ahora tienen más poder, si cabe, para negociar con las empresas y profesionales autónomos sanitarios.

Ambas aseguradoras renuevan los convenios con MUFACE, ISFAS y MUGEJU anualmente, unos acuerdos en los que se fija el importe que las mutuas abonan a las compañías de seguros por la asistencia médica que reciben los funcionarios de la Administración central, de Justicia y de Defensa y que este año no han cubierto las expectativas de las aseguradoras. De hecho, excepto Adeslas y Asisa y DKV Seguros, el resto de compañías no han firmado el convenio con las mutuas.

En opinión del director de la delegación de Adeslas en Córdoba, Javier Muñoz, la firma de este acuerdo ha supuesto que “el Estado le ponga el pie en el cuello a las aseguradoras”, lo que a su vez está sirviendo a las compañías para justificar la reducción de los baremos actuales.